La Ley de Fomento al Riego ha sido históricamente una herramienta muy bien evaluada como incentivo a la inversión privada, sin embargo se ha convertido en una instancia asistencialista, con baja competitividad y sin la esencia básica por la cual fue creada.

El gobierno saliente ha cambiado en un 100% su orientación, convirtiéndola en una ley de razón social, donde entre diversas causas, promueve la equidad de género y el apoyo a los pueblos indígenas por sobre el fomento a la inversión privada al riego, pudiendo ser considerada incluso como segregadora.

Esta situación atenta contra el origen de la misma Ley, y también limita el crecimiento y desarrollo del país ya que omite una gestión trascendental, como lo es el fomento a la inversión de medianos y pequeños agricultores a través de concursos.

La baja participación de organizaciones de usuarios ha dejado en el suelo la competitividad, por ello se hace urgente contar con mayores incentivos del Estado hacia el mundo privado, para que lleguen más actores y alcancemos una proporción mínima de inversión de 5 a 1 (Inversión privada necesaria vs Inversión pública disponible).

En el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera, por cada peso del Estado, el sector privado invertía la misma cantidad, cosa que hoy no ocurre. El desafío para el próximo gobierno, entonces, es volver a esos niveles, pues actualmente estamos cercanos a cero pesos de inversión privada.

Paradojalmente, a medida que se ha modificado el espíritu de la Ley de Riego, pasando de una herramienta de fomento a la inversión privada a una función asistencial, ha disminuido el impacto de ésta.

Si en el 2012 la Comisión Nacional de Riego (CNR) invertía $37.000 millones en riego, los privados aportaban del orden de $25.000 millones, es decir, casi una inversión 1:1 gobierno/privados, logrando metas de 22.000 hectáreas tecnificadas de riego y del orden de 13.000 hectáreas de nuevo riego para nuestro país.

En contraposición, en el 2016 se duplicaron los aportes estatales, alcanzando $61.000 millones, pero la inversión total alcanzó apenas $86.000 millones. En otras palabras, se mantuvo el aporte privado en vez de aumentar a la par como ocurría en años anteriores, lo que se tradujo en metas bajas de áreas tecnificadas (sólo 16.000 hectáreas) y de superficies de riego (sólo 9.000 hectáreas).

Así las cosas, con cifras y datos duros, queda claro que debemos trabajar para retomar el verdadero espíritu de la Ley de Fomento al Riego, teniendo siempre como norte convertir a Chile en potencia agroalimentaria de aquí al año 2050.